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  miércoles | 01-08-2018 | 07:52 | Tiempo de lectura 04:57 (992 palabras)
Incertidumbre por la probable suspensión de subsidios para nuevas inversiones de gas

Doce nuevos proyectos e inversiones quedarían en el camino. YPF, Pampa Energía, Pluspetrol y Capex, entre las operadoras perjudicadas.

Luego de que el ministro de Energía, Javier Iguacel confirmara que están en revisión nuevos proyectos para desarrollos de gas en Vaca Muerta, la incertidumbre ganó a petroleras y operadoras que esperan el visto bueno de Nación para avanzar en sus proyectos.

Según se prevé, el Gobierno Nacional no aprobaría el trámite de 12 nuevos proyectos de gas que iban a ser beneficiados con subsidios de un programa oficial. Son iniciativas que movilizarán inversiones por US$ 3800 millones que están a la espera de una decisión gubernamental.

De cumplimentarse la decisión, impactará directamente sobre la inversión en gas que concretarán las petroleras durante los próximos dos o tres años.

Cabe recordar que para incentivar las inversiones, Nación, aprobó las resoluciones 46 y 419 que pusieron en marcha un programa de estímulo a la producción no convencional de gas que contempla el pago de un precio de incentivo para el hidrocarburo extraído en ese tipo de campos. La iniciativa funciona como un seguro de precios: el Estado garantiza este año, mediante el pago de subsidios, el cobro de US$ 7,50 por millón de BTU por ese gas. El año que viene el precio-premio caerá a 7 dólares. En 2020 descenderá un peldaño más hasta 6,50 y en 2021, a 6 dólares.

El Tesoro asumió el compromiso de cubrir la diferencia entre el precio promedio del mercado de gas en toda la Argentina —es un valor que calcula mes a mes en el Ministerio de Energía— y el precio de incentivo. En junio, el precio del mercado promedió los 4,50 dólares. Eso quiere decir que el Estado desembolsa a razón de US$ 3 por MMBTU por el gas proveniente de los ocho proyectos ya aprobados por Energía.

La disyuntiva para el Ejecutivo es qué hacer con los 12 proyectos que están transitando el proceso de validación para empezar a recibir los beneficios. Según indicaron al portal EconoJournal desde distintos despachos ministeriales y altos ejecutivos del sector petrolero, la delicada coyuntura fiscal impone la decisión de suspender la aprobación de esos proyectos. La medida implicaría, en la práctica, dejar fuera del sistema de incentivos a más de la mitad de los proyectos contemplados originalmente por el ex ministro de Energía Juan José Aranguren.

En el camino quedarían inversiones de YPF, Pampa Energía, Pluspetrol y Capex. Son números significativos. Los 20 proyectos de gas no convencional contemplados por Aranguren preveían inversiones por US$ 7400 millones entre 2018 y 2021. Si no se habilitan las 12 iniciativas que aún están en evaluación se perderían —o se dilatarían— inversiones por cerca de US$ 3800 millones.

Debido a la la escalada del dólar, y políticas, emparentadas con la incapacidad de continuar con el vertiginoso aumento de las tarifas residenciales de gas, Iguacel decidió revisar la gestión de Aranguren al frente de Energía y entiende que ya no es necesario continuar con el sendero de precios crecientes para el gas natural que había trazado el ex titular de Shell.

Según Aranguren, con el precio real de venta en alza, los subsidios que iba a desembolsar el Estado para cumplir con los beneficiarios de la resolución 46 tenderían a disminuir porque el mercado pagaría casi todo el costo de extracción del gas desde Vaca Muerta.

En esa clave, Aranguren creía que en 2019, si el precio del gas en boca de pozo terminaba el año en torno a los US$ 6 por millón de BTU, el Tesoro tendría que desembolsar “solo” 400 millones de dólares para cubrir con los compromisos del programa de estímulo a la producción no convencional de gas.

La realidad cambió y con un dólar por encima de los 28 pesos, el precio promedio del mercado cayó hasta los US$ 4,20 porque las tarifas residenciales, que se cobran en pesos, no acompañaron (ni acompañarán) la devaluación.

El gobierno aumentará en octubre un 25% el valor de las tarifas para los hogares. Según ese sendero, el precio del gas para distribuidoras debía ascender hasta los 5,20 dólares. Y en abril de 2019 debía incrementarse nuevamente hasta los US$ 5,68.

La meta del Iguacel y de Dujovne, en cambio, es que los usuarios domiciliarios no paguen más de US$ 4,50 por MMBTU por el gas. Para 2019, año que en Cambiemos buscará mantener el poder en las elecciones presidenciales, no se prevén nuevas subas.

Si se frena la suba del precio del gas en boca de pozo se dispararán los subsidios a los productores de gas. Para adelante, la situación se complica más. “En Energía estimaban que los subsidios para el gas de Vaca Muerta serían de unos US$ 400 millones entre 2019 y 2021. Pero, como están planteadas hoy las cosas, las transferencias a los productores treparían hasta los US$ 2000 millones en los próximos tres años”, calculó un consultor de la industria petrolera.

Así, el marco regulatorio se convirtió en una trampa para el Ejecutivo. Es que si reduce el precio de venta del gas en el mercado interno para moderar el salto en las tarifas de gas en la antesala de la carrera electoral y también para bajar el nivel de subsidios a las tarifas eléctricas (la energía se genera fundamentalmente con gas), eso redundaría en un aumento de los subsidios millonarios para las petroleras. Todo el ajuste fiscal crujiría. Otro efecto no deseado de esa opción es que la inversión en los yacimientos se vería ralentizada por la caída de los precios de venta del gas.

Si, permite que el valor del gas aumente y se acomode en niveles más cercanos que el import parity de LNG, incentivará las inversiones en Vaca Muerta y reducirá los subsidios a las empresas productoras, pero debería lidiar con aumentos tarifarios mucho mayores, difíciles de tolerar políticamente en tiempos de comicios presidenciales.
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